Móvil de las víctimas y agresores de los homicidios en Colombia (2010)

Este trabajo es la primera entrega del boletín de violencia, que abarca crímenes como extorsión, homicidios y hurto común Colombia. Este trabajo se desarrolla de manera paralela con stata, arcgis y excel, con datos del Observatorio de Criminalidad de la Policía de Colombia.

Gráfico 2. Móvil víctimas

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Gráfico 2. Móvil agresores

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Ética empresarial

Por: Germán Ayala Osorio*

Los Carteles del Azúcar y del Papel Higiénico(pañales), los Panamá Papers y la apropiación irregular de baldíos por parte de empresarios nacionales y multinacionales, entre otros muchos hechos de corrupción pública y privada, tienen una fuerte relación con los procesos de paz que el Gobierno de Santos adelanta con las guerrillas de las Farc y el ELN; y por supuesto, con los procesos de reconciliación y construcción de paz que vendrán después de la firma de los acuerdos.

Y esa relación que muchos no ven o no se atreven a establecer, se evidencia a partir de la siguiente pregunta: ¿en qué Moral pública y Éticas empresarial, ciudadana, política y periodística anclaremos la construcción de la paz, la convivencia a futuro y la reconciliación entre los colombianos?

Poco sentido de realidad tienen y enorme ceguera sufren aquellos sectores sociales y políticos que se oponen a las negociaciones de paz, cuando constatamos que quienes históricamente han coadyuvado desde el Establecimiento a construir Estado, Mercado y Sociedad, acudieron y acuden aún a prácticas corruptas, ilegales, criminales o irregulares para alcanzar objetivos empresariales o simplemente para asegurar beneficios individuales de aquellos que gerencian y lideran, por ejemplo, a las organizaciones implicadas en los bochornosos hechos recientemente publicados.

Esos mismos sectores opositores y detractores de las negociaciones de paz que se adelantan en estos momentos, señalan, a voz en cuello, que “Santos le está entregando el país a los bandidos de las Farc y del ELN”. Primer error: el país, de tiempo atrás, deviene en manos de bandidos y criminales. Eso sí, con una pequeña, singular y al parecer significativa diferencia: son de cuello blanco. Y están en el Congreso, en la Procuraduría, en la Fiscalía y en cuanto organismo del Estado.

A pesar de las evidencias de la enorme y dramática corrupción privada y pública (estatal), muchos colombianos aún reducen el conflicto armado a la dicotomía entre Buenos y Malos. En donde los primeros son los empresarios, las élites y la burguesía, y los segundos, las guerrillas comunistas, las mismas a las que Santos, hijo de una élite tradicional, les está entregando el país.

Si seguimos esa perversa lógica moralizante y con los hechos que dieron vida a los señalados escándalos mediáticos, esa relación dicotómica cambió: ahora en el país solo existirían “Malos y Malos”.

Tratemos de dejar de lado esa reducida mirada moralizante con la que muchos justificaron el paramilitarismo y aceptaron y aceptan la corrupción privada, para tratar de develar los factores nucleares que hacen posible la corrupción y con los que cientos de colombianos la “justifican”, tanto en los ámbitos públicos como privados, de allí que muchos pidan “reducirla a sus justas proporciones”.

Identifico como factor nuclear, en el marco del modelo económico neoliberal, la búsqueda desaforada del éxito individual. Léase: tener plata. Ese factor nos obliga, culturalmente, a tomar decisiones y al desarrollo de actividades financieras y económicas ética y moralmente comprometidas, por cuanto se establecen sobre una borrosa frontera entre lo legal y lo ilegal, entre lo correcto y lo incorrecto.

Las firmas comprometidas en los señalados escándalos de corrupción exhiben una ética empresarial que está aunada a la ética política de gobernantes que han llegado al Estado para debilitarlo y lograr someterlo a las fuerzas del Mercado. Una vez logrado eso, la idea de lo colectivo y del bien común se difumina ante la voraz búsqueda de más y más dinero, única manera, según la cultura moderna, con la que alcanzaremos la anhelada felicidad.

Otro factor nuclear que ha coadyuvado a naturalizar la corrupción privada y pública, nace de la enorme dificultad que hemos tenido los colombianos para pensar el Estado como guía moral y faro de desarrollo ético para aquellos que llegan a cumplir funciones públicas. La noción de Estado que comparten empresarios, élites y burguesía calza perfectamente con las aspiraciones familiares e individuales de quienes están detrás de las grandes empresas y conglomerados económicos involucrados en actos de corrupción, concentración del poder económico por la vía de prácticas monopólicas y de aprovechamiento de los vacíos de las leyes y las normas, como es el caso de la apropiación indebida de baldíos en el sur del país.

Así las cosas, será muy difícil avanzar en la construcción de escenarios de posconflicto si la sociedad colombiana en su conjunto no reflexiona sobre la Ética, en especial cuando su aplicación en el ámbito empresarial, en el de la acción política, en el del ejercicio periodístico y por supuesto, en el de la acción ciudadana, claramente asegura condiciones desfavorables para la convivencia y el respeto a la dignidad humana. Estamos ante éticas aplicadas que generan violencia y resquemores y legitiman inequidad.

Es claro que la Moral pública y la Ética, para el caso colombiano, confluyen en un fango en donde medianamente flotan el Estado, como orden social y político; la sociedad civil, como actor que legitima la acción estatal; y la sociedad, como agente reproductor de una cultura hegemónica que deviene enferma y decadente.

Vuelvo a preguntarme: ¿en qué Moral pública y Éticas empresarial, ciudadana, política y periodística anclaremos la construcción de la paz, la convivencia a futuro y la reconciliación entre los colombianos?

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*Profesor, comunicador social y politólogo.

Nueva perspectiva socio-política del posconflicto

Por: Alfonso Suarez Arias*

“Volamos Como los pájaros, nadamos como los peces, pero no sabemos convivir como hermanos”

La expectativa en que los acuerdos sean proclamados desde una plataforma clara, necesaria y eficaz para transitar por  momentos y días de acondicionamiento, análisis y conocimiento mutuo, sin que el terrorismo pretenda enseñorearse sobre un período natural de paz inalterable, real y perdurable, es factor determinante para instituir la “Etapa de posconflicto”, como el periodo circunstancial que hace posible el desarrollo dinámico de múltiples procesos socio-jurídicos, incluso para reclamar protección y reparación de los daños sufridos por las víctimas.

Es de obligada temática en el desarrollo de cualquier política de Estado o propuesta social,  plantear antes de iniciar con elementos intervinientes, si la misma sociedad que actúa discriminatoria y excluyentemente, podría acoger a quienes ha discriminado y excluido por pretextos preñados de desigualdad, violencia, desplazamiento y hasta por la acción desfavorable de desastres naturales o ambientales.

Se espera que el beneplácito social como fenómeno de aceptación, perdón y tolerancia con los actores estigmatizados, aquí llamados “desmovilizados”, contribuyan cualificadamente a la disminución de los índices de delincuencia atribuidos seguidamente por su conexión y aseguramiento a la legalidad coordinada con la colectividad.

En últimas, son los ciudadanos de a pie, los que tendrán que interactuar con el Estado y los nuevos reinsertados desde ésta nueva perspectiva social y política, superando el miedo, la falta de pertenencia y la indiferencia. Los ciudadanos deben razonar sobre la importancia de un concertado y bien intencionado proceso de reeducación, capaz de dejar atrás los paradigmas y estereotipos implantados desde antes del conflicto, durante el desarrollo del esquema “Estado vs subversión” y últimamente con el yuxtapuesto  delito de narcotráfico y conexos; para que la nueva sociedad marche en su desarrollo dinámico, sin abandonar los principios constitucionales del respeto a la dignidad humana, la solidaridad y la prevalencia del interés general.

Es el fenómeno de la reeducación, un proceso terapéutico aplicado en forma general a la ciudadanía con el componente de implementación simultánea a los “desmovilizados” y que objetivamente serian los educandos de primera instancia, comprometidos con la asimilación de nuevas reglas de vida indispensables para asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Muchas premisas de tipo moral o ético podrían mencionarse aquí, y referir a profusos estudios sociológicos que teorizan sobre la conducta humana y los elementos para armonizar la vida en sociedad, pero en la realidad colombiana se trata de objetivar esa integración que se está dando entre los considerados irreverentes sociales que pueden producir daño y que ahora, frente al inerme ciudadano pretenden no inspirar ese sentimiento que emergía desde lo más recóndito, con discordantes emociones de rabia, odio e impotencia activados por sus connotaciones terroristas, de secuestro, extorsión o amedrentamiento.

Esa percepción soterrada se ha pretendido reparar didáctica y sicológicamente ajustándola a la creación de una imagen favorable, competitiva con el perfil social de los individuos que conforman la participación democrática del Estado y una programación socio-métrica para implementar la anunciada “pedagogía  de la paz” con  tolerancia hacia el nuevo sistema nacido de ésta realidad, que conlleva a modificatorios cambios sociales, legislativos, judiciales.

Aparte de considerar la necesidad de actuaciones naturales y mecánicas en el programa de reeducación, a modo tal como actividades físicas, deportivas, competencias de integración, conferencias y demás proyecciones postuladas desde diferentes ámbitos visionarios por veedores y críticos del proceso a través de programas y proyectos armados por entidades gubernamentales, ONG´s, Fundaciones y Corporaciones, de carácter civil y privado, contributivas con aportes educativos, culturales, disciplinarios, didácticos y pedagógicos, aun con la participación directa de los mismos actores y negociadores de los acuerdos en su afán de socializar con la población y adeptos sus propias decisiones e injerencias, implica que la sociedad desmantele ciertos hábitos ya marcados en la vida de la nación para principiar por aceptar uno de los mayores desafíos a la conducta humana, cuyo atributo es desconocido  para muchos y para otros, ha sido quisquilloso de aplicación por más de 50 años de conflicto interno: el perdón, el valor moral o elemento de invaluable consideración que merece toda la atención y su inclusión como prototipo del principio de dignidad y respeto del ser humano.

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*alfonsosuarezarias@gmail.com

 

Entender el proyecto vital de las FARC

 

Por: Vicenç Fisas*

Empezar y terminar una negociación, suele ser lo más difícil. En la fase exploratoria, porque no hay confianza y está todo por determinar. Las dos partes tienen muchas incertidumbres, pero acaban asumiendo los riesgos si consensuan una buena hoja de ruta para andar. Una vez iniciada la negociación, si hay voluntad y una buena metodología, las partes pueden lograr superar los numerosos obstáculos que se presentan en el camino, muchos de ellos difíciles de prever. Así ha ocurrido en La Habana hasta ahora. En estos momentos, sin embargo, nos encontramos en la etapa final, que como he advertido, es una fase altamente sensible. ¿Porqué? Pues porque en ella se va a concretar algo tan decisivo como el pase de los guerrilleros al mundo civil, despegarse del fusil que les ha acompañado durante años, día y noche, y empezar a trabajar en proyectos que pueden servir a la mejora del país, en diferentes niveles, especialmente los políticos, sociales y económicos.

Aunque varias personas lo hemos repetido hasta la saciedad, es oportuno volver a insistir en que lo que habitualmente en el mundo se denomina DDR (desarme, desmovilización y reintegración), en el caso de las FARC, los modelos existentes y las mismas referencias de la historia colombiana, no van a servir de mucho, o quizás de nada. Todo el proceso de negociación con las FARC ha sido diferente y genuino y, a mi entender, muy interesante de cara a futuros procesos para otros países. No habrá el desarme típico, con entrega de armas a oficiales del Ejército o al Comisionado de Paz, con todas las cámaras de televisión presentes. Para algunos grupos armados, y las FARC creo que son uno de ellos, esa escena les parece humillante, porque su impacto visual está centrado en el arma entregada, y no en el proyecto vital de quienes abandonan el fusil, que va mucho más allá de ese acto. No se está explorando y negociando durante más de cuatro años, para resumirlo en un acto que puede durar horas, y para poner fin a una historia que dura más de 50 años. Las cosas no funcionan así. Hay que esforzarse para entenderlo, y para no correr el riesgo de equivocarse y exigir lo que no procede y es, además, innecesario.

El término “dejación de armas” utilizado por las FARC durante los últimos años, no es un capricho lingüístico, sino un concepto político-militar. Las armas serán abandonadas por quienes las llevan actualmente, que nadie le quepa la menor duda, pero serán entregadas, y ojalá destruidas o convertidas en obras de arte, por instancias internacionales. Se ha hecho en otros países, y no ha de constituir un problema para Colombia. Lo importante es que dejen de ser usadas, que no sirvan para matar a ninguna persona más. Y eso habrá de ir de la mano del compromiso estrictamente riguroso de la Fuerza Pública, de que sus armas no irán jamás dirigidas contra civiles que se destaquen por su liderazgo político, social o popular. Al contrario. Para el Estado, el desafío en ese momento no es menor que el que tiene igualmente las FARC. Deberá garantizar la seguridad personal, la vida, de cada uno de los guerrilleros y guerrilleras que dejen a un lado su arma. La dejación y entrega de armas a terceros, debe hacerse con todas las garantías de seguridad, y eso será más fácil de obtener si se hace en las zonas cercanas a donde ya están ahora. Exigir pocas concentraciones de mucha gente, no siempre es la mejor opción, y probablemente no sea necesario. Se pueden dejar las armas e identificar a los ex combatientes para su reincorporación a la vida civil, en un número más elevado de puntos de los que desea o exige el Gobierno, entregándoles su respectiva cédula, que acredite su paso a la vida civil, y libres de órdenes de captura, y en función de lo ya acordado en el cuarto punto de la agenda, que prevé salvedades. Quiero recordar, al respecto, que en todos los acuerdos de paz que han existido en el mundo en los últimos cuarenta años, en todos ha existido una amnistía automática, “de iure” o “de facto”, en el momento de firmar el acuerdo. En Colombia, con la adopción de una justicia restaurativa, se han introducido matices muy importantes, que han sido aceptados por las FARC, algo nada habitual en la historia de los procesos de paz, les puedo asegurar.

Las FARC, en su mayor parte, no van a integrarse en proyectos diseñados desde la Agencia Colombiana de Reintegración, ni van a estar pendientes de que empresarios generosos les ofrezcan empleo, o que la cooperación internacional les proporcione carro y plata. Mejor quitarse esa idea de la cabeza. Su proyecto vital es de otro orden, y lo habrán explicado en la Mesa de negociaciones. Entiéndase bien lo siguiente, que es de sentido común: si las personas desmovilizadas, individualmente o en grupos, tienen su propio proyecto productivo, ya sea mediante la creación de cooperativas o su participación en proyectos de economía social ya existentes, están en su perfecto derecho a hacerlo, y será beneficioso para la comunidad y para el país. No hay motivo para obligarles a hacer otra cosa. El proyecto de las FARC pasa por ser de utilidad en las zonas donde ya tienen presencia, ya sea con apoyos o con temores, lo que comporta que, inmediatamente después de la dejación de armas, puedan pasar a vivir y convivir con las comunidades. Sería absurdo e inútil, e incluso una provocación innecesaria, obligarlos a permanecer aislados del mundo y de las comunidades. Su proyecto de vida no es estar como figurines o animales salvajes en un zoo o en un “parque temático”. Simplemente, no se hicieron guerrilleros para eso, sino para transformar realidades que consideran injustas y poco dignas, por mucho que la guerra degrade las ideas y los sueños, porque la guerra siempre es perversa, y cercena, poco a poco, la humanidad de las personas.

Por tanto, y resumo, tendría que entenderse, desde mi opinión, que hay una continuidad y un enlace en todas las cosas que he mencionado. No se encontrará una solución al debate sobre los puntos de ubicación, por ejemplo, si no se entiende el conjunto del paquete, la globalidad y la interrelación de todas las cosas que están en juego. En la Mesa de negociaciones, y desde el Gobierno, deberían hacer el esfuerzo para enfocar toda la fase final de manera holística, integral. No es tan difícil como parece, y creo que podría ayudar a conseguir un final razonable y con perspectivas de futuro.

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*Director de la Escuela de Cultura de Paz.

El lucrativo negocio de las universidades y la meritocracia

Por: Alfonso Suarez Arias

 “Hay dos tipos de educación, la que te enseña a ganarte la vida y la que te enseña a vivir”

Nada más indicador del estado cognitivo y cultural del país que las divulgaciones públicas sobre las Universidades, y más cuando se delata la descarada voracidad por enriquecimiento facilista de nominados pedagogos, dueños de éstas, encubiertos en “fundaciones”, corporaciones y otras figuras de personas jurídicas a costa de una de las necesidades más apremiantes para la condición humana y a la vez Derecho fundamental: La educación.

Esta condición debe trascender los límites básicos y proporcionar “conocimiento”, como esencia intelectual de las personas que deseen aprovecharlo en su competente desarrollo cultural irradiado a la comunidad y por ende al progreso de la nación.

Le repugna al ávido de formación intelectual, encontrar que existe una relación muy marcada entre cantidad de dinero con fuentes de enseñanza como la llave única para acceder al conocimiento, y más aún, que en el escenario están presentes sin pudor o recato alguno, celebérrimos personajes con trayectoria, poder y ostentación de calidades humanas pintarrajeadas con la corrupción, ejerciendo como paradigmas a seguir en el marco educativo.

Ahora, se puede afirmar que la corrupción ha socavado la buena reputación que se percibía del sistema educativo, equiparándose al mercantilista del sistema de salud o al simplemente comercial procedente del intercambio de verduras o cachivaches por una cierta cantidad de dinero.

Esa corrupción es el más peligroso obstáculo que se interpone en el proceso de enseñar con calidad y aprender con probidad e integridad, contrariando los principios académicos y conduciendo al mismo sistema educativo superior de todo el país a un colapso que desprestigia y permea negativamente el desarrollo social y económico.

El esnobismo contractual apunta exigir profesionales con rimbombantes títulos para ingresar por la puerta grande al mercado laboral y éstas Universidades, que si bien es cierto, muchas nacieron en los garajes familiares de las casas de visionarios educadores, rápidamente se alinearon como corporaciones, aprovechando una legislación favorable por tratarse de herramientas que dan satisfacción pronta a esa exigencia básica humana, ofrecen, promocionan y entregan en un santiamén; diplomas, títulos acartonados de diferentes especialidades y acreditaciones en saberes, estudios y conocimientos, que en la realidad no han llegado a transmitir, pero por los que si reciben sustanciosos estipendios.

La sociedad está en mora de acometer mecanismos para evitar que esa corrupción llegue a convertirse en un fenómeno preponderante que afecta la formación integral de las generaciones emergentes, y por tanto, desestabiliza la planeada prosperidad general.

El legislador también está retrasado en emprender con seriedad y responsabilidad la tan cacareada reforma educativa que a más de programas, metodología y estrategias pedagógicas, realmente útiles y pragmáticas, involucre la estructuración directiva, ejecutiva y financiera de las instituciones, controlando los continuos y persistentes intentos de lucro injustificado de sagaces conocedores del hambre intelectual provenida de la mala e inconclusa educación y a la vez ilustrativa del carácter del hombre de la calle.

¿Cómo exigir conocimientos, destrezas y aportes eruditos al individuo productivo, si el aparato que trasmite la sabiduría esta mohoso y corrupto?

No tardaremos en enterarnos de los ofrecimientos y exigencias de acartonadas especialidades académicas en “gestores y promotores de paz”, Especialistas, Maestrías y Doctorados  graduados con honores por fantasmagóricas “fundaciones universitarias” codirigidas por ex militantes guerrilleros o bacrim. Hay que reflexionar y no creer que esos pomposos y teatrales títulos vayan a suplir la mediocridad de profesionales y gobernantes legitimando el poder a la incultura y justificando el puesto por haber ganado en “meritocracia”.

@SuarezAlfonso