La ciudad ‘Fariana’

Por: Alfonso Suarez Arias

“Con el dinero se puede fundar una casa espléndida, pero no una familia dichosa.”

Considerando que la firma del acuerdo para dar por terminado el conflicto armado es un hecho que criaría la quimera de crear un ambiente de paz bajo condiciones pre-establecidas, y lográndose tal efecto con la aquiescencia de raudales de dinero puestos en el proceso, salidos del patrimonio colombiano, pero calculados mínimos egresos, teniendo en cuenta lo que falta y que se gastará para ambientar épicamente la construcción del escenario pacificado, solo queda por instigar no por irónica propuesta sino en un acto de gallarda aceptación de pasmosa realidad, la fundación dentro del territorio nacional de ‘Ciudad Fariana’.

Sería una ciudad, urbanizada y edificada según especificaciones de un ordenado plan de habitabilidad, en un espacio geográfico donde sea relevante el medio ambiente interactuando con la civilización, cerca de ríos, tierras productivas, aceptable clima. Un lugar entre los llanos y la selva colombiana, nada difícil de elegir por sus fundadores.

Más que un sitio de concentración, florecería una ciudadela para las huestes farianas y aquellos autores de terror que anhelan el relativo sosiego fantaseado por su propia angustia, una ciudad contenida en el concepto de entidad territorial descentralizada administrativa, política y económicamente, aprovechando que sus habitantes son dueños de una riqueza inmensa que allí podrían legitimar, con autonomía dentro del respeto al ordenamiento estatal y a la vez con cierta distancia de la sociedad mayoritaria que impera en Colombia.

Así los guerrilleros irían amoldando sus vulgares costumbres y gradualmente compartirían con la comunidad más avanzada y culta, desarrollando actividades legales para que pierdan esa habitualidad de agredir, extorsionar o secuestrar, así refrendarían el concepto de ser más simpáticos de lo que encubren.Esa ciudad no estaría aislada sino protegida hacia su interior y controlada hacia el exterior por mutua seguridad y cierto recelo compartido, allí podrían desarrollar el intercambio industrial, comercial, cultural y turístico con el compatriota indulgente.

No es fantasioso lo expuesto, pero sí, se avizora una realidad pasmosa en el asentamiento de grupúsculos esparcidos por la geografía, bajo el esquema de zonas de reserva campesina, que inmiscuidos desordenada y autoritariamente entrarán en conflicto con el auténtico colectivo agrario, trabajador y productivo.

A Colombia más que el orden jurídico debe importarle la realidad social del orden, para equilibrar con la amenaza de someter a una gran nación a la voluntad perversa de unos pocos avaros de riqueza personal y poder, interesados en subyugar la soberanía a ignominiosos regímenes políticos.

Solo pensando en grande se puede proyectar otro porvenir.

El lucrativo negocio de la paz

Por: Alfonso Suarez Arias*

Es necesario que el ciudadano de a pie trate de entender de una manera simplista la complejidad del llamado “proceso de negociación de paz”, que realmente se trata de un “acuerdo para dar por terminado un conflicto parido en mala forma por un grupo armado al margen de la ley”, y más aun; dejar muy claro que es la imposición de condiciones y exigencias y no la ”negociación”, puesto que solo el componente violento notifica y demanda, mientras los soterrados representantes del gobierno se han limitado a aceptar y asentir en todo.

Cómo es posible que después de más de tres años especulando posibles epílogos que pudieran dar término a tal sainete, se emitan definiciones y conclusiones copiadas del ámbito constitucional como producto de  concienzuda reflexión…(?). Los farianos hacen saber a la ciudadanía que “los acuerdos que se construyen en La Habana tienen el propósito de promover, proteger y garantizar los derechos de todos los colombianos, en particular los de las víctimas”, un regalo de ellos y no la obligación del Estado.

Y en un mediático y magnánimo acto, los narcoguerrilleros elaboran el “Acuerdo sobre las víctimas del conflicto”, un documento de digno encomio por la capacidad burlesca y satírica de los señores de las Farc  y sus redactores, en el que plasman subjetivamente el concepto de víctima y declaran victimario al Estado y sus agentes, es decir las víctimas son los guerrilleros y los victimarios militares y policías sacrificados y defensores del honor de la patria, aparte de considerar a los civiles, coadyuvantes de los victimarios.

Con esa condición aceptada y cumplida, la Nación debe indemnizar a las “victimas” y garantizar la no repetición de tales sucesos mediante satisfacción de exigencias a los farianos, de lo contrario podrían ejercer con sus armas (disponibles en algún lugar, porque no las entregarán), ataques repetitivos a civiles e instituciones en calidad de mártires obligados a cometer delitos (no punibles para ellos) conexos del conflicto político, en otra maniobra que ha dado por cambiar el sentido y conceptualización de la justicia.

Así se refrenda el concepto de justicia transicional, cuya interpretación y construcción jurídica es todo un legado exegético explicativo del derecho, pero que aquí simplemente es la justicia especial para dar legalidad a los actos crueles e inhumanos que cometieron los guerrilleros y quedarán cobijados  por  la impunidad y la parafernalia de una sanción social que en nada reivindicaría el daño efectivo causado por sus delitos.

Insertan en el ordenamiento la figura de un Tribunal especial colegiado por magistrados colombianos y extranjeros, para juzgar, revisar, exonerar o castigar a responsables o indiciados de graves delitos durante el conflicto armado, seguramente señalados por los mismos guerrilleros en su afán de mantener vigente la calidad de negociadores activos de una confrontación delincuente-sociedad que está muy lejos de finalizar, al contrario tendiendo a eternizarse bajo esa subliminal consideración de extorsión social generalizada, apoyada por armas que mantendrán disponibles y porque al fin y al cabo , una de las mejores oportunidades de lucro e indemnidad está en invocar la paz como elemento negociable.

Lógicamente se requiere mucho dinero para financiar tal negociación que deberá asumir el Estado, pues los señores de la contraparte hacen saber ahora que no están en condiciones de aportar económicamente, dada la precariedad monetaria y acercamiento a la pobreza en la que se desenvuelven muy a pesar de controlar el narcotráfico y negocios vinculados y ser el cuarto grupo terrorista más rico del mundo, por lo que indemnizar victimas de su parte no será posible además que son ellos las victimas y correspondería a los colombianos asumir tal obligación si quieren vislumbrar la fantasmagórica entelequia de la paz.

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* alfonsosuarezarias@gmail.com. Twitter: @SUAREZALFONSO

El enemigo del posconflicto

Por: Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo.

Adherido el paramilitarismo[1] a la cultura y a las propias lógicas del Establecimiento, su desmonte es, desde ya, el reto más difícil para cualquier imaginado y deseado escenario de posconflicto.

Sin haber sufrido mayor sanción social, el Paramilitarismo, como fenómeno, continúa vigente como fórmula de dominación económica, política y social de quienes siempre han estado dispuestos a hacer lo que sea necesario para mantener el statu quo.

Así entonces, la implementación y consolidación de escenarios de posconflicto[2] tiene y tendrá en el Paramilitarismo a su más enconado enemigo. Está claro que las estructuras  armadas no se desmontaron del todo después del “proceso de sometimiento”[3] que el Gobierno de Uribe Vélez le planteó a la comandancia de las AUC en el 2005. Por el contrario, las mal llamadas Autodefensas mutaron a grupos armados que actúan hoy por fuera del proyecto político con el que buscaron “refundar la Patria” y con el que lograron consolidar un proyecto económico asociado a actividades extractivistas (mega minería), ganadería extensiva y monocultivos como palma africana.

No podemos olvidar que el Paramilitarismo es la expresión del miedo que exhiben poderosas élites y sectores burgueses de perder privilegios y el control mafioso que históricamente han hecho del Estado colombiano.

En escenarios de posacuerdos es posible que veamos a una parte del Estado dispuesta a atacar y someter a las “nuevas” estructuras paramilitares. Las autoridades hablan de Bandas Criminales o neoparamilitares. Pero también será posible observar a sectores de poder estatal apoyando las acciones paramilitares porque estas hacen parte de la naturaleza bifronte  de un Estado que aún no logra conservar para sí el monopolio de las armas y que deviene sometido a los intereses privados de unas cuantas familias que lo controlan.

Dentro de la sociedad y la sociedad civil también subsisten sectores afectos al Paramilitarismo. De este fenómeno y de sus fuerzas se han servido para exhibir el odio contra aquellos que se atrevieron a plantear  ideas para mejorar las condiciones de vida de millones de colombianos víctimas de la mezquindad de elites y burguesía, y de un oprobioso modelo neoliberal, en el  contexto de un Estado sometido a las fuerzas del mercado y capturado por mafias asociadas a los partidos Liberal y Conservador y a movimientos políticos convertidos de tiempo atrás en los amanuenses y estafetas de dichas mafias.

El carácter relativo de la paz se afianzará y consolidará gracias a que el fenómeno paramilitar tiene un profundo arraigo cultural que una gran parte de la sociedad colombiana parece no advertir aún. Hay, entonces, una “Colombia Paraca” que se opone a los acuerdos de paz de La Habana, así como a cualquier cambio sustancial en las correlaciones de fuerza que están detrás de la triada Estado-Mercado-Sociedad.

No será fácil desmontar los valores  y principios que guiaron y guían a esas nuevas estructuras paramilitares. Más que un reto militar o policivo, estamos ante un enorme reto cultural. La Colombia del posconflicto necesitará de un nuevo ethos que permita reconstruir la ciudadanía, el sentido de lo público, reordenar el territorio y transformar el Estado.

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[1] Véase: Ayala Osorio, Germán. Paramilitarismo en Colombia: más allá de un fenómeno de violencia política. Cali: UAO, 2011.

[2] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2014/08/posguerra-posconflicto-o-posacuerdos.html

[3] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2015/09/dos-procesos-distintos.html

Cuidado con Uribe en el posconflicto.

Por: Germán Ayala Osorio.

Si las conversaciones de paz entre Farc y el Gobierno de Santos culminan de manera exitosa, el país deberá prepararse para pensar, diseñar y consolidar escenarios de posacuerdos y de posconflicto[1], en los que sea posible la implementación de los acuerdos de La Habana.

Los sectores que se oponen al Proceso de Paz entienden que la firma del fin del conflicto está cerca, y por ello, desde ya se preparan para enfrentar los desafíos que se vendrán en ese esperado escenario de posconflicto. Y saben que en las elecciones de octubre de 2015[2] se juegan en parte la estrategia y el objetivo mayor de evitar la consolidación del proyecto político de las Farc en zonas de interés de los líderes farianos. Incluye, por supuesto, las Zonas de Reserva Campesina que en esos escenarios de posacuerdos se planteen conformar o las que ya existen, con el claro liderazgo político de líderes cercanos al pensamiento de las Farc.

Quien desde ya se prepara para enfrentar, con las reglas de la democracia, la participación y la injerencia política de las Farc desmovilizadas y convertidas en partido político, es el senador Álvaro Uribe Vélez. Como gran elector y eximio gamonal, Uribe y su micro empresa electoral vienen reclutando para sus filas a ex militares y ex policías de disímiles rangos, con el claro propósito de enfrentar las aspiraciones políticas de quienes puedan tener o establecer hacia el futuro, coincidencias ideológicas y políticas con el partido político que recoja las banderas de lucha de las Farc, una vez estas hagan dejación de armas y aspiren a llegar a Concejos, Asambleas, Alcaldías y Gobernaciones.

Tanto las Farc, como Uribe, irán tras poderes locales y territoriales. Para las Farc, se trata de una vieja aspiración y un objetivo político, que medianamente lograron a través de la lucha armada:; para Uribe, simplemente, se trata de una estrategia política no solo para frenar los proyectos políticos y económicos que darán cuenta de lo acordado en Cuba, sino para fragmentar el poder central, en caso de que no pueda poner en la Presidencia de 2018, a alguien cercano a sus ideas o a quien le permita gobernar en la sombra.

Dice la revista Semana[3] que por lo menos hay 41 personas, entre militares y policías, que aspirarán a cargos de elección popular en las elecciones de octubre de 2015 bajo la sombrilla política e ideológica del Centro Democrático (CD). Entre los aspirantes se reconoce la presencia de los generales retirados del Ejército, Manuel Guzmán, quien buscará ser alcalde de La Mesa, Cundinamarca y Leonardo Barrero, quien aspira a dirigir los destinos de la Gobernación del Cauca[4].

Al hacerse con el control territorial en Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Bogotá, Atlántico, Quindío, Tolima, Santander, Meta y Bolívar, el Centro Democrático podría convertirse en una gran fuerza política que muy seguramente se opondrá a la implementación de los acuerdos de paz, en la perspectiva de paz territorial planteada en las negociaciones de La Habana. De esta manera, y jugando con las reglas de la democracia, Uribe Vélez buscará torpedear los proyectos y las iniciativas que busquen consolidar la paz en aquellos territorios y en el resto del territorio colombiano.

No se trata, pues, de un asunto menor. Uribe está preparándose para enfrentar, políticamente, el proyecto político de las Farc y por esa vía, reestablecer, con el concurso de ex militares y ex policías, entre otros, las zonas de Consolidación que implementó en varios territorios durante su largo mandato. Contará, muy seguramente, con la influencia de Acore. De esta forma, y poco a poco, el país entrará en la militarización del poder político, y por esa vía, Uribe y sus áulicos, buscarán disciplinar a los sectores sociales y políticos que por diversas razones y circunstancias, encuentran coincidencias con el proyecto político que las Farc intentaron imponer a través de la conquista violenta del poder. Esa militarización de la política y de la democracia evitará la consolidación de los escenarios de posconflicto que las regiones deberán poner en marcha.

Que Uribe y los ex militares y ex policías que lo acompañarán en su aventura electoral de octubre de 2015 jueguen con las reglas de la democracia, no debe constituirse en un riesgo siempre y cuando se comprometan a mantener alejados del ejercicio del poder político, a aquellos grupos de ex paramilitares que se desmovilizaron y que hoy hacen parte de lo que las autoridades llaman Bacrim. Preocupa las cercanías ideológicas entre aquellos que en el pasado buscaron refundar la patria y el ideario político y económico que encarna Uribe Vélez, un neoliberal en lo económico, un conservador en los planos social y político y un militarista consumado que cree que quien no está con él, está contra él, de allí que de inmediato lo “gradúe” de enemigo de la Patria e incluso, de terrorista.

Si Uribe logra tal poder político-territorial, hay que dar por descontado que asistiremos al fracaso de los escenarios de posconflicto y de la paz territorial. Ojalá los colombianos entiendan que las elecciones de 2015 serán determinantes para consolidar la paz y voten por aquellos proyectos políticos que de verdad busquen la reconciliación entre los colombianos y no el uso del poder, para extender la exclusión política, social y económica en amplios territorios del país.

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[1] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com/2014/08/posguerra-posconflicto-o-posacuerdos.html

[2]  Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com/2015/06/elecciones-de-octubre-de-2015-en-juego.html

[3]  Véase: http://www.semana.com/nacion/articulo/general-llamado-por-santos-calificar-servicios-es-candidato-del-uribismo/439117-3

[4]  Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com/2015/07/un-general-para-el-cauca.html

Irrespeto a la dignidad humana!

Por: Alfonso Suarez Arias.

“La dignidad está dispuesta por encima de toda cotización y no admite negociación mientras las cosas tienen precio, las personas tienen dignidad”.

El fundamento de la razón de ser del Estado social de Derecho es el respeto de la dignidad humana promulgado así por la Constitución colombiana, en el imperativo de dar ordenamiento al conglomerado social dentro de la condición que sobrepasa el reconocimiento de atributos individuales a la relación de cuerpo y alma exigidos en la responsabilidad por sus propios actos.

La Dignidad Humana es principio fundamental, pedestal de los derechos humanos, no es otorgable ni mucho menos podría ser retirada de la persona, ni aún contra la voluntad, solo que se materializa en lal observancia incondicional y absoluta tanto por parte de las personas como de los Estados.

Por el mero hecho de pertenecer a la especie superior, le asiste el principio del Respeto, es decir, por su grandeza humana, y que no implora más que tratar siempre a otro, por lo menos con el mismo enaltecimiento con que espera ser tratado y valorado como persona, evitando causar daño, pero sí, el doble efecto que resulta de la procuración del bienestar de los demás.

A ese aparente simple principio del Respeto, se adhieren el de Justicia, Integridad y utilidad, todos encaminados a que las actuaciones individuales se agrupen en torno a la contemplación de la dignidad del ser, como eje fundamental de interpretación de la aplicabilidad de los derechos humanos.

La historia de la humanidad referencia el atropellamiento a ésta condición en todo tiempo. En la edad media la desigualdad social se sustentaba en los abusos de poder, el Holocausto de la segunda guerra mundial dejó atrás el Holodomorfo ruso y la hambruna española; claras manifestaciones del irrespeto al ser humano que conllevaron a la reflexiva Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948.

La declaración de dignidad se complementa con el concepto de valioso, condición que ratifica el merecimiento por antonomasia del derecho a la vida, educación, cultura, trabajo, a poseer una vivienda, constituir familia, tener alimentación saludable y recreación, a la libertad excepto cuando es una pena que castiga un delito, hasta la metafísica interpretación que cada quien puede elegir su destino, vocación o ideas, pero dentro de la limitación del respeto a la dignidad de los demás, antagonista de tratos humillantes, indecorosos, discriminatorios, violencia y la desigualdad social ó jurídica.

Entender ahora la problemática surgida con la deportación masiva de colombianos desde Venezuela es sobreponer principios de soberanía y accionar potestativo de la razón de ser de los Estados contra los conceptos de discriminación, xenofobia dirigida, nacionalismo o la exteriorización del irracionalismo delirante de un orate con poder afanado en el logro de sus metas personales, que finalmente conducen a una crisis humanitaria en medio de una problemática delimitada por consecuentes actos delictuosos.

La frontera es el sitio de confrontación de codiciosas pasiones políticas, desarrollo o atraso económico, delitos como el contrabando o señalamientos de paramilitarismo compiten ahora para hacer más notorio el drama del desplazamiento, el despojo y violación al concepto de integridad personal y cuya consecuente acción no distingue entre humildes, soterrados facinerosos y ciudadanos de ambos países afanados por sobrevivir.

Ahora es más claro concluir que el Contrabando será la mutación del narcotráfico en el siglo XXI, un argumento para deportación, persecución y el torpedero de la dignidad humana y aun así, podrán los jefes de Estado negociar condiciones mercantiles en las fronteras, pero nunca podrán endosar en dinero la humillación de un ser humano.