Cuatro elementos en posconflicto

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Después de que el Gobierno de Juan Manuel Santos Calderón (2010-2018) y la cúpula de las Farc-Ep, a través de sus plenipotenciarios, negociaran en La Habana el  fin del conflicto armado, el país político, la llamada opinión pública, los medios masivos de comunicación y diversos representantes de la sociedad civil entraron, facilitaron y auparon un agrio enfrentamiento ideológico.

En escenarios como el Congreso, en las mismas calles de ciudades capitales y en particular en las redes sociales, la pugnacidad entre quienes apoyan el documento que da vida política y jurídica al Pacto de Paz y aquellos que lo rechazan, ha servido para aumentar y consolidar la polarización que el país arrastra desde 2002, lo que muy seguramente explica el cansancio y el desinterés de un sector poblacional que parece no dimensionar lo que significa la desaparición de las Farc-Ep como guerrilla y el “ahorro” de más víctimas. Según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), “el proceso de paz previno, al menos, la muerte de 2.796 personas, cifra que incluso puede ser mayor según el periodo con el que se compare[1].

A pesar del principio ético que rodea el Pacto de Paz y motiva la defensa del proceso de paz por parte de cientos de miles de colombianos, hay sectores de poder económico, político, empresarial y militar que insisten en que el Acuerdo Final (II) resulta inconveniente para el país, cuando lo que sucede es que varios de sus  miembros ven que sus intereses particulares podrían ser tocados y examinados a la luz de lo definido en el Pacto de Paz. Intereses, claro está, que guardan un estrecho vínculo con actividades ilegales y otras, que a pesar de estar dentro de la legalidad, resultan impropias y poco éticas.

El enfrentamiento político que suscitó el proceso de paz desarrollado en La Habana y  el consecuente documento con el que se busca alcanzar una paz estable y duradera, ponen en evidencia cuatro elementos sobre los cuales giran tanto las aspiraciones y deseos de quienes respaldan lo firmado, como las de los sectores de poder que definieron teleológicamente, para el 2018,  echar para atrás lo negociado, a pesar del  blindaje que rodea el señalado tratado de paz con el que se puso fin a 53 años  de hostilidades en el marco de un conflicto armado irregular.

Presento uno a uno los cuatro elementos:

Un primer elemento guarda relación con la superación de las circunstancias históricas que justificaron el levantamiento armado en los años 60, las mismas que se buscan superar con la implementación de lo acordado en Cuba. En particular, se busca avanzar a través de la superación de las condiciones de inequidad, abandono, pobreza y la concentración de la tierra en pocas manos que soportan y afectan la vida de  campesinos, afrocolombianos e indígenas que sobreviven en los sectores rurales del país. Por supuesto, quienes lideran los ataques y las campañas en contra del Acuerdo Final tienen fuertes intereses en que esto no se logre, por cuanto hacen parte de un grupo privilegiado de latifundistas, ganaderos y propietarios de extensos territorios dedicados a cultivos de palma africana, entre otros monocultivos, y otros terrenos con los que especulan desde la perspectiva inmobiliaria. A estos señores les conviene mantener las condiciones de miseria en el campo porque de esa manera consiguen mano de obra barata, al tiempo que hacen ingentes esfuerzos para continuar  erosionando los procesos organizativos de indígenas, afros y campesinos.

Un segundo elemento tiene que ver con las dificultades esbozadas en los actos de habla de los detractores y enemigos de la paz, que dan cuenta de lo difícil que será superar los odios y resquemores de cientos de miles de colombianos que no aceptan las condiciones y mucho menos el principio ético en el que se sostiene el modelo de justicia transicional (restaurativa) que se aplicará para juzgar a los miembros de las Farc, a integrantes de la Fuerza Pública y a civiles que hayan cometido y aupado la comisión de delitos de lesa humanidad. Quizás allí se concentre el mayor obstáculo social y político que enfrentará Colombia en el escenario electoral de 2018, en la medida en que un importante número de votantes podrían respaldar las candidaturas de Germán Vargas Lleras[2], Alejandro Ordóñez Maldonado[3] y “el que diga Uribe”, empeñadas todas en hacer “trizas ese maldito papel que llaman el Acuerdo Final”[4], o modificar la estructura jurídica del Pacto de Paz y por esa vía, echar por la borda el tiempo y los esfuerzos invertidos en una compleja negociación política de más de cuatro años.

Quienes así piensan proceder en las elecciones de 2018, lo harán apoyados en la falsa premisa o idea que el latifundista, ganadero y caballista, Álvaro Uribe Vélez logró posicionar en la opinión pública (y en la publicada), gracias al apoyo periodístico de medios como RCN, La FM y la W, entre otros. Esta proposición señala que habrá impunidad. El equívoco conceptual en el que incurre deliberadamente del ex presidente (2002-2010) jamás fue advertido o controvertido por los periodistas que, convertidos en sus estafetas, lograron que miembros de sus audiencias repitan como loros la falaz idea.

Un tercer elemento guarda estrecha relación con el lugar que millones de colombianos le dieron en el pasado al conflicto armado entre las Farc-Ep y el Estado colombiano y por supuesto, el que hoy le dan a la posibilidad de construir la paz en el país. Por tratarse de un conflicto armado que se desarrolló especialmente en las zonas rurales y selváticas, millones de citadinos jamás comprendieron la naturaleza de la guerra interna y mucho menos están en la capacidad y tienen el interés de comprender los alcances y los beneficios que trae para el país haberle puesto fin a un largo y degradado conflicto armado de 53 años. Es decir, el carácter marginal[5] con el que se asumió política y socialmente esta guerra irregular, sirve hoy para que muchos asuman de la misma manera el fin del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Craso error.

Y un cuarto elemento que bien puede servir de bisagra y ser la fuente en la que se reproducen los tres anteriores, tiene que ver con la baja cultura política  de los colombianos. En los agrios enfrentamientos presentados entre aquellos que respaldan la construcción de una paz estable y duradera en las condiciones negociadas y aquellos que no, se evidencia una enorme ignorancia e incapacidad cognitiva. La pobreza cultural y las deficiencias cognitivas de cientos de miles de compatriotas es un factor que los promotores de la paz, entre estos la Academia, y el propio Gobierno, no han tenido en cuenta al momento de hacer los pocos e inefectivos ejercicios pedagógicos puestos en marcha para convencer a los colombianos de las ventajas que trae haberle puesto fin al conflicto armado interno.

El reciente llamado del ministro del Interior, Guillermo Rivera deja entrever algo de desespero y preocupación por la tozuda postura asumida por Uribe y otros sectores de poder político en contra de la implementación de lo firmado en La Habana. Dijo Rivera que “Esta es la paz de todos los colombianos y por eso hemos invitado a las organizaciones de la sociedad civil que son proclives a la paz a que manifiesten su respaldo a este proceso de tal manera que el mismo se haga irreversible, y que aquellos cantos de sirena que señalan que hay que hacer trizas el acuerdo, se conviertan en un mal chiste[6].

Quizás convenga mirar y examinar los cuatro (4) elementos aquí planteados, de cara a que el Gobierno diseñe mejores estrategias publicitarias con el objetivo de enfrentar decididamente las falacias a las que apelaron los detractores y enemigos de la paz el 2 de octubre de 2016, y que son las mismas que usarán en el ya cercano escenario electoral de 2018.
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[1] Véase: http://blog.cerac.org.co/

[2] Véase: http://conlaorejaroja.com/los-presidenciables-i/

[3] Véase: http://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com.co/2017/06/la-cruzada-de-ordonez-maldonado.html

[4] Véase: http://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com.co/2017/05/se-destapo-la-ultraderecha.html

[5] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2017/02/marginal.html?spref=bl

[6] Tomado de: http://www.lafm.com.co/nacional/gobierno-convoca-movilizacion-defender-los-acuerdos-paz/

Perfil de los padres de la patria

Por: @SUAREZALFONSO

🗽Quien pretenda representar al pueblo en el Congreso, debe de estar inscrito en una vitrina abierta en la que se pueda examinar que sí posee las calidades meritorias, bien sea porque es ilustre, carismático o que emergiendo de una condición social igual, demuestre una pública capacidad de superación.

🌄 Pero no es ventajoso, si resulta siendo una persona de conducta social irregular, en tal condición se corrobora que ha escalado a esa posición mediante un proceso sociopolítico imperfecto apuntalado por la eficacia de la iniquidad y aprovechándose de cierto poder y capacidad de corromper que le permitiría instalarase en una curul para hacerse llamar “honorable congresista”.

💰El elegido a congresista por mandato del pueblo participativo, sobresale como símbolo de la democracia, es el referente social que se obliga explícitamente a cumplir la Constitución política y a legislar con honor, para garantizar a los ciudadanos, a sus votantes, los derechos y las libertades promulgadas como base del Estado social de Derecho.

🏁Quienes aspiran a llegar al Congreso, deben mostrar respeto por  sus potenciales electores desde la campaña y en ejercicio de actividades comunitarias, y eso empieza con la presentación de propuestas concretas y proyectos serios y realizables a la hora de pedir su voto.

💡Según el artículo 172 de la Constitución de Colombia: para ser elegido Senador; “se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener más de treinta años de edad en la fecha de la elección, para  comparecer como representante , vale que tenga 25 años de edad “.

💹 Pero así no esté escrito, en todos los casos requiere de cualidades indiscutibles y válidas condiciones sociales, políticas y económicas; estratificación, carisma, personalidad, así como; formación educativa, moral, ética, filosófica, y trascendencia de  su ejercicio democrático en la vida de su comunidad.

📄💲La personalidad debe ser referente de su estudio y formación en la democracia, equilibrado intelectualmente, empático, hábil y capacitado, innovador  de ideas y formalismos, defensor legítimo de sus opiniones y acciones, que aporten  a su buena gestión, porque el país tiene que prosperar con orientación y soberanía  en  muchas áreas.

📦Es exigencia para el elector, evaluar en su elegido su ascendencia en la corrupción, bien a nivel público o en el sector privado, así mismo de su virtuosismo como promesero, aquel que en campaña promete y después incumple, pero, lamentablemente en Colombia, no puede ser Congresista quién quiera, sino quién puede. Y ese poder está contenido con otros valores diferentes a la capacidad intelectual y calidad educativa, hasta el de imposición por una negociación después de años de insurrección.

📤📩Pero si es solo por ejercicio democrático, hay que disponer de un buen presupuesto, contar con el respaldo del cacique de turno para que lo avale y llegado el momento el auspicio de gamonales y mercaderes de votos, aquellos conocidos  “coordinadores de campaña”.

💸¿Quién quiere ser Congresista?
-No cualquiera puede serlo-.

Reconciliación

Por: Alfonso Suarez Arias*

“La reconciliación debe ir escoltada por la justicia, de lo contrario no va a perdurar”.

¿Que se necesita para encender una vela?,  de seguro la respuesta más rápida será: ¡Un fósforo! pero no, al argumentar se deduce que lo primero es: ¡la vela!,  el elemento básico para que la proposición tenga sentido. En Derecho se le pondera con la premisa: “sine qua non”, atañendo a la importancia que se sucedan los eventos en un previo orden conducente a resultados indiferentes de la realidad.

Para que exista reconciliación, se advierte previamente el conflicto y así ocuparse en la posibilidad de dinamizarlo positivamente, cuando el conflicto surge genera pugna, pelea, lucha, desafío, enfrentamiento o discusión, de tal modo que una de las partes proyecta imponerse, simplemente es una situación donde no están de acuerdo y sobre lo que  no se  ha podido resolver.

Desde luego, cabe aquí muy bien la reclamación ante cualquier discurso calificador de la conducta social, ¿debería buscarse la reconciliación de todos los colombianos con todos los colombianos?,  Y la contestación tiene que  ser dentro del contexto de “síne qua non”, un  SI  rotundo. Porque si ya existe el conflicto como tal, hay que encender el cerillo que  atice esa  luz  y consuma  la vela del conflicto.

Pero, esa reconciliación ha de edificarse sobre unos cimientos  fortalecidos con ladrillos de la lealtad y honestidad aglutinados en la discusión de los asuntos públicos. De esa polémica puede y debe desprenderse un nuevo compromiso y una nueva habilidad  para  acordar el funcionamiento de las relaciones del Estado con los subversivos y las personas, en camino de dar fin al conflicto y finalmente de victimas con victimarios dentro de la reciprocidad y encargo institucional de propiciar el ambiente de paz que sostenga el bienestar general de todos, como lo manda la Constitución.

Aun teniendo a disposición todos los mecanismos alternativos para dar solución a los conflictos, invocando la ley como regulador de las relaciones conductuales de la sociedad  y del Estado, se requiere de la voluntad  individual  para acercar la reconciliación a otros fenómenos  primarios y de cuya importancia y aplicación es la calidad de tal; El perdón como elemento restaurador de la vida  personal y la tolerancia como valor agregado al comportamiento conductual de la sociedad.

Entonces, no es fácil implementar  la práctica de reconciliar a las personas, cuando realmente debe exigirse superar esos variados prejuicios en un mundo de humanos dirigido por humanos, que anteponen el respeto a la misma dignidad personal por la imposición de ideologías  en fase experimental  o de  conocido fracaso y quimera de algún orate allegado al poder, de quien parte el antivalor más decepcionante y dañino para la dinámica social como lo es la corrupción.

Tal elemento es irreconciliable y queda por fuera de todo razonamiento tendiente a establecer mejores relaciones conductuales entre las partes, el Estado y el pueblo.

Se habla de reconciliación  nacional en el sentido de aceptación por parte del ofendido de la conducta contraria del ofensor, como si con  ello se saneara las relaciones y  se diera inicio a una nueva situación sustentada en mejores y efectivas convenciones de vida, pero lo realmente irrebatible es que exista una inmune actuación que garantice simpatía institucional entre el pueblo con la Policia, Ejército, Alcaldias, Gobernantes, Gremios, Sindicatos, Patronos, y el personaje objeto de nuestro entendimiento, “ los reinsertados”, aquellos que superado el conflicto, estén dentro de unos acuerdos y sean candidatos a participar activamente en la democracia asociativa bajo normas de respeto  y convivencia agradables  y sociables.

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alfonsosuarezarias@gmail.com Twitter: @SUAREZALFONSO

Nueva perspectiva socio-política del posconflicto

Por: Alfonso Suarez Arias*

“Volamos Como los pájaros, nadamos como los peces, pero no sabemos convivir como hermanos”

La expectativa en que los acuerdos sean proclamados desde una plataforma clara, necesaria y eficaz para transitar por  momentos y días de acondicionamiento, análisis y conocimiento mutuo, sin que el terrorismo pretenda enseñorearse sobre un período natural de paz inalterable, real y perdurable, es factor determinante para instituir la “Etapa de posconflicto”, como el periodo circunstancial que hace posible el desarrollo dinámico de múltiples procesos socio-jurídicos, incluso para reclamar protección y reparación de los daños sufridos por las víctimas.

Es de obligada temática en el desarrollo de cualquier política de Estado o propuesta social,  plantear antes de iniciar con elementos intervinientes, si la misma sociedad que actúa discriminatoria y excluyentemente, podría acoger a quienes ha discriminado y excluido por pretextos preñados de desigualdad, violencia, desplazamiento y hasta por la acción desfavorable de desastres naturales o ambientales.

Se espera que el beneplácito social como fenómeno de aceptación, perdón y tolerancia con los actores estigmatizados, aquí llamados “desmovilizados”, contribuyan cualificadamente a la disminución de los índices de delincuencia atribuidos seguidamente por su conexión y aseguramiento a la legalidad coordinada con la colectividad.

En últimas, son los ciudadanos de a pie, los que tendrán que interactuar con el Estado y los nuevos reinsertados desde ésta nueva perspectiva social y política, superando el miedo, la falta de pertenencia y la indiferencia. Los ciudadanos deben razonar sobre la importancia de un concertado y bien intencionado proceso de reeducación, capaz de dejar atrás los paradigmas y estereotipos implantados desde antes del conflicto, durante el desarrollo del esquema “Estado vs subversión” y últimamente con el yuxtapuesto  delito de narcotráfico y conexos; para que la nueva sociedad marche en su desarrollo dinámico, sin abandonar los principios constitucionales del respeto a la dignidad humana, la solidaridad y la prevalencia del interés general.

Es el fenómeno de la reeducación, un proceso terapéutico aplicado en forma general a la ciudadanía con el componente de implementación simultánea a los “desmovilizados” y que objetivamente serian los educandos de primera instancia, comprometidos con la asimilación de nuevas reglas de vida indispensables para asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Muchas premisas de tipo moral o ético podrían mencionarse aquí, y referir a profusos estudios sociológicos que teorizan sobre la conducta humana y los elementos para armonizar la vida en sociedad, pero en la realidad colombiana se trata de objetivar esa integración que se está dando entre los considerados irreverentes sociales que pueden producir daño y que ahora, frente al inerme ciudadano pretenden no inspirar ese sentimiento que emergía desde lo más recóndito, con discordantes emociones de rabia, odio e impotencia activados por sus connotaciones terroristas, de secuestro, extorsión o amedrentamiento.

Esa percepción soterrada se ha pretendido reparar didáctica y sicológicamente ajustándola a la creación de una imagen favorable, competitiva con el perfil social de los individuos que conforman la participación democrática del Estado y una programación socio-métrica para implementar la anunciada “pedagogía  de la paz” con  tolerancia hacia el nuevo sistema nacido de ésta realidad, que conlleva a modificatorios cambios sociales, legislativos, judiciales.

Aparte de considerar la necesidad de actuaciones naturales y mecánicas en el programa de reeducación, a modo tal como actividades físicas, deportivas, competencias de integración, conferencias y demás proyecciones postuladas desde diferentes ámbitos visionarios por veedores y críticos del proceso a través de programas y proyectos armados por entidades gubernamentales, ONG´s, Fundaciones y Corporaciones, de carácter civil y privado, contributivas con aportes educativos, culturales, disciplinarios, didácticos y pedagógicos, aun con la participación directa de los mismos actores y negociadores de los acuerdos en su afán de socializar con la población y adeptos sus propias decisiones e injerencias, implica que la sociedad desmantele ciertos hábitos ya marcados en la vida de la nación para principiar por aceptar uno de los mayores desafíos a la conducta humana, cuyo atributo es desconocido  para muchos y para otros, ha sido quisquilloso de aplicación por más de 50 años de conflicto interno: el perdón, el valor moral o elemento de invaluable consideración que merece toda la atención y su inclusión como prototipo del principio de dignidad y respeto del ser humano.

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*alfonsosuarezarias@gmail.com

 

Entender el proyecto vital de las FARC

 

Por: Vicenç Fisas*

Empezar y terminar una negociación, suele ser lo más difícil. En la fase exploratoria, porque no hay confianza y está todo por determinar. Las dos partes tienen muchas incertidumbres, pero acaban asumiendo los riesgos si consensuan una buena hoja de ruta para andar. Una vez iniciada la negociación, si hay voluntad y una buena metodología, las partes pueden lograr superar los numerosos obstáculos que se presentan en el camino, muchos de ellos difíciles de prever. Así ha ocurrido en La Habana hasta ahora. En estos momentos, sin embargo, nos encontramos en la etapa final, que como he advertido, es una fase altamente sensible. ¿Porqué? Pues porque en ella se va a concretar algo tan decisivo como el pase de los guerrilleros al mundo civil, despegarse del fusil que les ha acompañado durante años, día y noche, y empezar a trabajar en proyectos que pueden servir a la mejora del país, en diferentes niveles, especialmente los políticos, sociales y económicos.

Aunque varias personas lo hemos repetido hasta la saciedad, es oportuno volver a insistir en que lo que habitualmente en el mundo se denomina DDR (desarme, desmovilización y reintegración), en el caso de las FARC, los modelos existentes y las mismas referencias de la historia colombiana, no van a servir de mucho, o quizás de nada. Todo el proceso de negociación con las FARC ha sido diferente y genuino y, a mi entender, muy interesante de cara a futuros procesos para otros países. No habrá el desarme típico, con entrega de armas a oficiales del Ejército o al Comisionado de Paz, con todas las cámaras de televisión presentes. Para algunos grupos armados, y las FARC creo que son uno de ellos, esa escena les parece humillante, porque su impacto visual está centrado en el arma entregada, y no en el proyecto vital de quienes abandonan el fusil, que va mucho más allá de ese acto. No se está explorando y negociando durante más de cuatro años, para resumirlo en un acto que puede durar horas, y para poner fin a una historia que dura más de 50 años. Las cosas no funcionan así. Hay que esforzarse para entenderlo, y para no correr el riesgo de equivocarse y exigir lo que no procede y es, además, innecesario.

El término “dejación de armas” utilizado por las FARC durante los últimos años, no es un capricho lingüístico, sino un concepto político-militar. Las armas serán abandonadas por quienes las llevan actualmente, que nadie le quepa la menor duda, pero serán entregadas, y ojalá destruidas o convertidas en obras de arte, por instancias internacionales. Se ha hecho en otros países, y no ha de constituir un problema para Colombia. Lo importante es que dejen de ser usadas, que no sirvan para matar a ninguna persona más. Y eso habrá de ir de la mano del compromiso estrictamente riguroso de la Fuerza Pública, de que sus armas no irán jamás dirigidas contra civiles que se destaquen por su liderazgo político, social o popular. Al contrario. Para el Estado, el desafío en ese momento no es menor que el que tiene igualmente las FARC. Deberá garantizar la seguridad personal, la vida, de cada uno de los guerrilleros y guerrilleras que dejen a un lado su arma. La dejación y entrega de armas a terceros, debe hacerse con todas las garantías de seguridad, y eso será más fácil de obtener si se hace en las zonas cercanas a donde ya están ahora. Exigir pocas concentraciones de mucha gente, no siempre es la mejor opción, y probablemente no sea necesario. Se pueden dejar las armas e identificar a los ex combatientes para su reincorporación a la vida civil, en un número más elevado de puntos de los que desea o exige el Gobierno, entregándoles su respectiva cédula, que acredite su paso a la vida civil, y libres de órdenes de captura, y en función de lo ya acordado en el cuarto punto de la agenda, que prevé salvedades. Quiero recordar, al respecto, que en todos los acuerdos de paz que han existido en el mundo en los últimos cuarenta años, en todos ha existido una amnistía automática, “de iure” o “de facto”, en el momento de firmar el acuerdo. En Colombia, con la adopción de una justicia restaurativa, se han introducido matices muy importantes, que han sido aceptados por las FARC, algo nada habitual en la historia de los procesos de paz, les puedo asegurar.

Las FARC, en su mayor parte, no van a integrarse en proyectos diseñados desde la Agencia Colombiana de Reintegración, ni van a estar pendientes de que empresarios generosos les ofrezcan empleo, o que la cooperación internacional les proporcione carro y plata. Mejor quitarse esa idea de la cabeza. Su proyecto vital es de otro orden, y lo habrán explicado en la Mesa de negociaciones. Entiéndase bien lo siguiente, que es de sentido común: si las personas desmovilizadas, individualmente o en grupos, tienen su propio proyecto productivo, ya sea mediante la creación de cooperativas o su participación en proyectos de economía social ya existentes, están en su perfecto derecho a hacerlo, y será beneficioso para la comunidad y para el país. No hay motivo para obligarles a hacer otra cosa. El proyecto de las FARC pasa por ser de utilidad en las zonas donde ya tienen presencia, ya sea con apoyos o con temores, lo que comporta que, inmediatamente después de la dejación de armas, puedan pasar a vivir y convivir con las comunidades. Sería absurdo e inútil, e incluso una provocación innecesaria, obligarlos a permanecer aislados del mundo y de las comunidades. Su proyecto de vida no es estar como figurines o animales salvajes en un zoo o en un “parque temático”. Simplemente, no se hicieron guerrilleros para eso, sino para transformar realidades que consideran injustas y poco dignas, por mucho que la guerra degrade las ideas y los sueños, porque la guerra siempre es perversa, y cercena, poco a poco, la humanidad de las personas.

Por tanto, y resumo, tendría que entenderse, desde mi opinión, que hay una continuidad y un enlace en todas las cosas que he mencionado. No se encontrará una solución al debate sobre los puntos de ubicación, por ejemplo, si no se entiende el conjunto del paquete, la globalidad y la interrelación de todas las cosas que están en juego. En la Mesa de negociaciones, y desde el Gobierno, deberían hacer el esfuerzo para enfocar toda la fase final de manera holística, integral. No es tan difícil como parece, y creo que podría ayudar a conseguir un final razonable y con perspectivas de futuro.

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*Director de la Escuela de Cultura de Paz.

El lucrativo negocio de las universidades y la meritocracia

Por: Alfonso Suarez Arias

 “Hay dos tipos de educación, la que te enseña a ganarte la vida y la que te enseña a vivir”

Nada más indicador del estado cognitivo y cultural del país que las divulgaciones públicas sobre las Universidades, y más cuando se delata la descarada voracidad por enriquecimiento facilista de nominados pedagogos, dueños de éstas, encubiertos en “fundaciones”, corporaciones y otras figuras de personas jurídicas a costa de una de las necesidades más apremiantes para la condición humana y a la vez Derecho fundamental: La educación.

Esta condición debe trascender los límites básicos y proporcionar “conocimiento”, como esencia intelectual de las personas que deseen aprovecharlo en su competente desarrollo cultural irradiado a la comunidad y por ende al progreso de la nación.

Le repugna al ávido de formación intelectual, encontrar que existe una relación muy marcada entre cantidad de dinero con fuentes de enseñanza como la llave única para acceder al conocimiento, y más aún, que en el escenario están presentes sin pudor o recato alguno, celebérrimos personajes con trayectoria, poder y ostentación de calidades humanas pintarrajeadas con la corrupción, ejerciendo como paradigmas a seguir en el marco educativo.

Ahora, se puede afirmar que la corrupción ha socavado la buena reputación que se percibía del sistema educativo, equiparándose al mercantilista del sistema de salud o al simplemente comercial procedente del intercambio de verduras o cachivaches por una cierta cantidad de dinero.

Esa corrupción es el más peligroso obstáculo que se interpone en el proceso de enseñar con calidad y aprender con probidad e integridad, contrariando los principios académicos y conduciendo al mismo sistema educativo superior de todo el país a un colapso que desprestigia y permea negativamente el desarrollo social y económico.

El esnobismo contractual apunta exigir profesionales con rimbombantes títulos para ingresar por la puerta grande al mercado laboral y éstas Universidades, que si bien es cierto, muchas nacieron en los garajes familiares de las casas de visionarios educadores, rápidamente se alinearon como corporaciones, aprovechando una legislación favorable por tratarse de herramientas que dan satisfacción pronta a esa exigencia básica humana, ofrecen, promocionan y entregan en un santiamén; diplomas, títulos acartonados de diferentes especialidades y acreditaciones en saberes, estudios y conocimientos, que en la realidad no han llegado a transmitir, pero por los que si reciben sustanciosos estipendios.

La sociedad está en mora de acometer mecanismos para evitar que esa corrupción llegue a convertirse en un fenómeno preponderante que afecta la formación integral de las generaciones emergentes, y por tanto, desestabiliza la planeada prosperidad general.

El legislador también está retrasado en emprender con seriedad y responsabilidad la tan cacareada reforma educativa que a más de programas, metodología y estrategias pedagógicas, realmente útiles y pragmáticas, involucre la estructuración directiva, ejecutiva y financiera de las instituciones, controlando los continuos y persistentes intentos de lucro injustificado de sagaces conocedores del hambre intelectual provenida de la mala e inconclusa educación y a la vez ilustrativa del carácter del hombre de la calle.

¿Cómo exigir conocimientos, destrezas y aportes eruditos al individuo productivo, si el aparato que trasmite la sabiduría esta mohoso y corrupto?

No tardaremos en enterarnos de los ofrecimientos y exigencias de acartonadas especialidades académicas en “gestores y promotores de paz”, Especialistas, Maestrías y Doctorados  graduados con honores por fantasmagóricas “fundaciones universitarias” codirigidas por ex militantes guerrilleros o bacrim. Hay que reflexionar y no creer que esos pomposos y teatrales títulos vayan a suplir la mediocridad de profesionales y gobernantes legitimando el poder a la incultura y justificando el puesto por haber ganado en “meritocracia”.

@SuarezAlfonso