La gestión de las crisis sociopolíticas ¿Prevención y/o cambio estructural?

Por: Vicenç Fisas | Institut Català Internacional per la Pau

El presente estudio parte de una pregunta que se ha estado haciendo el autor, desde hace años, sobre si en el mundo se hace lo suficiente para gestionar, de una manera positiva y transformadora, las numerosas crisis sociopolíticas que se van presentando, ya sea para evitar la presencia de la violencia física que provoca víctimas mortales, o para evitar una escalada que convierta estas crisis en Capturaconflictos armados.  El trabajo de la persona que investiga, a diferencia de la puramente documentalista, ha de caracterizarse por su capacidad inquisitiva, de hacerse preguntas continuamente y de intentar hallar las respuestas. El segundo cuestionamiento, que es el que da lugar al subtítulo del libro, es si basta con prevenir la violencia o hay que ir más allá de eso, para adentrarse profundamente en las raíces de las crisis.  El trabajo de la persona que investiga, a diferencia de la puramente documentalista, ha de caracterizarse por su capacidad inquisitiva, de hacerse preguntas continuamente y de intentar hallar las respuestas. El segundo cuestionamiento, que es el que da lugar al subtítulo del libro, es si basta con prevenir la violencia o hay que ir más allá de eso, para adentrarse profundamente en las raíces de las crisis. Consulte el libro completo de Vicenç Fisas aquí.

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Reconciliación

Por: Alfonso Suarez Arias*

“La reconciliación debe ir escoltada por la justicia, de lo contrario no va a perdurar”.

¿Que se necesita para encender una vela?,  de seguro la respuesta más rápida será: ¡Un fósforo! pero no, al argumentar se deduce que lo primero es: ¡la vela!,  el elemento básico para que la proposición tenga sentido. En Derecho se le pondera con la premisa: “sine qua non”, atañendo a la importancia que se sucedan los eventos en un previo orden conducente a resultados indiferentes de la realidad.

Para que exista reconciliación, se advierte previamente el conflicto y así ocuparse en la posibilidad de dinamizarlo positivamente, cuando el conflicto surge genera pugna, pelea, lucha, desafío, enfrentamiento o discusión, de tal modo que una de las partes proyecta imponerse, simplemente es una situación donde no están de acuerdo y sobre lo que  no se  ha podido resolver.

Desde luego, cabe aquí muy bien la reclamación ante cualquier discurso calificador de la conducta social, ¿debería buscarse la reconciliación de todos los colombianos con todos los colombianos?,  Y la contestación tiene que  ser dentro del contexto de “síne qua non”, un  SI  rotundo. Porque si ya existe el conflicto como tal, hay que encender el cerillo que  atice esa  luz  y consuma  la vela del conflicto.

Pero, esa reconciliación ha de edificarse sobre unos cimientos  fortalecidos con ladrillos de la lealtad y honestidad aglutinados en la discusión de los asuntos públicos. De esa polémica puede y debe desprenderse un nuevo compromiso y una nueva habilidad  para  acordar el funcionamiento de las relaciones del Estado con los subversivos y las personas, en camino de dar fin al conflicto y finalmente de victimas con victimarios dentro de la reciprocidad y encargo institucional de propiciar el ambiente de paz que sostenga el bienestar general de todos, como lo manda la Constitución.

Aun teniendo a disposición todos los mecanismos alternativos para dar solución a los conflictos, invocando la ley como regulador de las relaciones conductuales de la sociedad  y del Estado, se requiere de la voluntad  individual  para acercar la reconciliación a otros fenómenos  primarios y de cuya importancia y aplicación es la calidad de tal; El perdón como elemento restaurador de la vida  personal y la tolerancia como valor agregado al comportamiento conductual de la sociedad.

Entonces, no es fácil implementar  la práctica de reconciliar a las personas, cuando realmente debe exigirse superar esos variados prejuicios en un mundo de humanos dirigido por humanos, que anteponen el respeto a la misma dignidad personal por la imposición de ideologías  en fase experimental  o de  conocido fracaso y quimera de algún orate allegado al poder, de quien parte el antivalor más decepcionante y dañino para la dinámica social como lo es la corrupción.

Tal elemento es irreconciliable y queda por fuera de todo razonamiento tendiente a establecer mejores relaciones conductuales entre las partes, el Estado y el pueblo.

Se habla de reconciliación  nacional en el sentido de aceptación por parte del ofendido de la conducta contraria del ofensor, como si con  ello se saneara las relaciones y  se diera inicio a una nueva situación sustentada en mejores y efectivas convenciones de vida, pero lo realmente irrebatible es que exista una inmune actuación que garantice simpatía institucional entre el pueblo con la Policia, Ejército, Alcaldias, Gobernantes, Gremios, Sindicatos, Patronos, y el personaje objeto de nuestro entendimiento, “ los reinsertados”, aquellos que superado el conflicto, estén dentro de unos acuerdos y sean candidatos a participar activamente en la democracia asociativa bajo normas de respeto  y convivencia agradables  y sociables.

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alfonsosuarezarias@gmail.com Twitter: @SUAREZALFONSO

Entender el proyecto vital de las FARC

 

Por: Vicenç Fisas*

Empezar y terminar una negociación, suele ser lo más difícil. En la fase exploratoria, porque no hay confianza y está todo por determinar. Las dos partes tienen muchas incertidumbres, pero acaban asumiendo los riesgos si consensuan una buena hoja de ruta para andar. Una vez iniciada la negociación, si hay voluntad y una buena metodología, las partes pueden lograr superar los numerosos obstáculos que se presentan en el camino, muchos de ellos difíciles de prever. Así ha ocurrido en La Habana hasta ahora. En estos momentos, sin embargo, nos encontramos en la etapa final, que como he advertido, es una fase altamente sensible. ¿Porqué? Pues porque en ella se va a concretar algo tan decisivo como el pase de los guerrilleros al mundo civil, despegarse del fusil que les ha acompañado durante años, día y noche, y empezar a trabajar en proyectos que pueden servir a la mejora del país, en diferentes niveles, especialmente los políticos, sociales y económicos.

Aunque varias personas lo hemos repetido hasta la saciedad, es oportuno volver a insistir en que lo que habitualmente en el mundo se denomina DDR (desarme, desmovilización y reintegración), en el caso de las FARC, los modelos existentes y las mismas referencias de la historia colombiana, no van a servir de mucho, o quizás de nada. Todo el proceso de negociación con las FARC ha sido diferente y genuino y, a mi entender, muy interesante de cara a futuros procesos para otros países. No habrá el desarme típico, con entrega de armas a oficiales del Ejército o al Comisionado de Paz, con todas las cámaras de televisión presentes. Para algunos grupos armados, y las FARC creo que son uno de ellos, esa escena les parece humillante, porque su impacto visual está centrado en el arma entregada, y no en el proyecto vital de quienes abandonan el fusil, que va mucho más allá de ese acto. No se está explorando y negociando durante más de cuatro años, para resumirlo en un acto que puede durar horas, y para poner fin a una historia que dura más de 50 años. Las cosas no funcionan así. Hay que esforzarse para entenderlo, y para no correr el riesgo de equivocarse y exigir lo que no procede y es, además, innecesario.

El término “dejación de armas” utilizado por las FARC durante los últimos años, no es un capricho lingüístico, sino un concepto político-militar. Las armas serán abandonadas por quienes las llevan actualmente, que nadie le quepa la menor duda, pero serán entregadas, y ojalá destruidas o convertidas en obras de arte, por instancias internacionales. Se ha hecho en otros países, y no ha de constituir un problema para Colombia. Lo importante es que dejen de ser usadas, que no sirvan para matar a ninguna persona más. Y eso habrá de ir de la mano del compromiso estrictamente riguroso de la Fuerza Pública, de que sus armas no irán jamás dirigidas contra civiles que se destaquen por su liderazgo político, social o popular. Al contrario. Para el Estado, el desafío en ese momento no es menor que el que tiene igualmente las FARC. Deberá garantizar la seguridad personal, la vida, de cada uno de los guerrilleros y guerrilleras que dejen a un lado su arma. La dejación y entrega de armas a terceros, debe hacerse con todas las garantías de seguridad, y eso será más fácil de obtener si se hace en las zonas cercanas a donde ya están ahora. Exigir pocas concentraciones de mucha gente, no siempre es la mejor opción, y probablemente no sea necesario. Se pueden dejar las armas e identificar a los ex combatientes para su reincorporación a la vida civil, en un número más elevado de puntos de los que desea o exige el Gobierno, entregándoles su respectiva cédula, que acredite su paso a la vida civil, y libres de órdenes de captura, y en función de lo ya acordado en el cuarto punto de la agenda, que prevé salvedades. Quiero recordar, al respecto, que en todos los acuerdos de paz que han existido en el mundo en los últimos cuarenta años, en todos ha existido una amnistía automática, “de iure” o “de facto”, en el momento de firmar el acuerdo. En Colombia, con la adopción de una justicia restaurativa, se han introducido matices muy importantes, que han sido aceptados por las FARC, algo nada habitual en la historia de los procesos de paz, les puedo asegurar.

Las FARC, en su mayor parte, no van a integrarse en proyectos diseñados desde la Agencia Colombiana de Reintegración, ni van a estar pendientes de que empresarios generosos les ofrezcan empleo, o que la cooperación internacional les proporcione carro y plata. Mejor quitarse esa idea de la cabeza. Su proyecto vital es de otro orden, y lo habrán explicado en la Mesa de negociaciones. Entiéndase bien lo siguiente, que es de sentido común: si las personas desmovilizadas, individualmente o en grupos, tienen su propio proyecto productivo, ya sea mediante la creación de cooperativas o su participación en proyectos de economía social ya existentes, están en su perfecto derecho a hacerlo, y será beneficioso para la comunidad y para el país. No hay motivo para obligarles a hacer otra cosa. El proyecto de las FARC pasa por ser de utilidad en las zonas donde ya tienen presencia, ya sea con apoyos o con temores, lo que comporta que, inmediatamente después de la dejación de armas, puedan pasar a vivir y convivir con las comunidades. Sería absurdo e inútil, e incluso una provocación innecesaria, obligarlos a permanecer aislados del mundo y de las comunidades. Su proyecto de vida no es estar como figurines o animales salvajes en un zoo o en un “parque temático”. Simplemente, no se hicieron guerrilleros para eso, sino para transformar realidades que consideran injustas y poco dignas, por mucho que la guerra degrade las ideas y los sueños, porque la guerra siempre es perversa, y cercena, poco a poco, la humanidad de las personas.

Por tanto, y resumo, tendría que entenderse, desde mi opinión, que hay una continuidad y un enlace en todas las cosas que he mencionado. No se encontrará una solución al debate sobre los puntos de ubicación, por ejemplo, si no se entiende el conjunto del paquete, la globalidad y la interrelación de todas las cosas que están en juego. En la Mesa de negociaciones, y desde el Gobierno, deberían hacer el esfuerzo para enfocar toda la fase final de manera holística, integral. No es tan difícil como parece, y creo que podría ayudar a conseguir un final razonable y con perspectivas de futuro.

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*Director de la Escuela de Cultura de Paz.

El lucrativo negocio de las universidades y la meritocracia

Por: Alfonso Suarez Arias

 “Hay dos tipos de educación, la que te enseña a ganarte la vida y la que te enseña a vivir”

Nada más indicador del estado cognitivo y cultural del país que las divulgaciones públicas sobre las Universidades, y más cuando se delata la descarada voracidad por enriquecimiento facilista de nominados pedagogos, dueños de éstas, encubiertos en “fundaciones”, corporaciones y otras figuras de personas jurídicas a costa de una de las necesidades más apremiantes para la condición humana y a la vez Derecho fundamental: La educación.

Esta condición debe trascender los límites básicos y proporcionar “conocimiento”, como esencia intelectual de las personas que deseen aprovecharlo en su competente desarrollo cultural irradiado a la comunidad y por ende al progreso de la nación.

Le repugna al ávido de formación intelectual, encontrar que existe una relación muy marcada entre cantidad de dinero con fuentes de enseñanza como la llave única para acceder al conocimiento, y más aún, que en el escenario están presentes sin pudor o recato alguno, celebérrimos personajes con trayectoria, poder y ostentación de calidades humanas pintarrajeadas con la corrupción, ejerciendo como paradigmas a seguir en el marco educativo.

Ahora, se puede afirmar que la corrupción ha socavado la buena reputación que se percibía del sistema educativo, equiparándose al mercantilista del sistema de salud o al simplemente comercial procedente del intercambio de verduras o cachivaches por una cierta cantidad de dinero.

Esa corrupción es el más peligroso obstáculo que se interpone en el proceso de enseñar con calidad y aprender con probidad e integridad, contrariando los principios académicos y conduciendo al mismo sistema educativo superior de todo el país a un colapso que desprestigia y permea negativamente el desarrollo social y económico.

El esnobismo contractual apunta exigir profesionales con rimbombantes títulos para ingresar por la puerta grande al mercado laboral y éstas Universidades, que si bien es cierto, muchas nacieron en los garajes familiares de las casas de visionarios educadores, rápidamente se alinearon como corporaciones, aprovechando una legislación favorable por tratarse de herramientas que dan satisfacción pronta a esa exigencia básica humana, ofrecen, promocionan y entregan en un santiamén; diplomas, títulos acartonados de diferentes especialidades y acreditaciones en saberes, estudios y conocimientos, que en la realidad no han llegado a transmitir, pero por los que si reciben sustanciosos estipendios.

La sociedad está en mora de acometer mecanismos para evitar que esa corrupción llegue a convertirse en un fenómeno preponderante que afecta la formación integral de las generaciones emergentes, y por tanto, desestabiliza la planeada prosperidad general.

El legislador también está retrasado en emprender con seriedad y responsabilidad la tan cacareada reforma educativa que a más de programas, metodología y estrategias pedagógicas, realmente útiles y pragmáticas, involucre la estructuración directiva, ejecutiva y financiera de las instituciones, controlando los continuos y persistentes intentos de lucro injustificado de sagaces conocedores del hambre intelectual provenida de la mala e inconclusa educación y a la vez ilustrativa del carácter del hombre de la calle.

¿Cómo exigir conocimientos, destrezas y aportes eruditos al individuo productivo, si el aparato que trasmite la sabiduría esta mohoso y corrupto?

No tardaremos en enterarnos de los ofrecimientos y exigencias de acartonadas especialidades académicas en “gestores y promotores de paz”, Especialistas, Maestrías y Doctorados  graduados con honores por fantasmagóricas “fundaciones universitarias” codirigidas por ex militantes guerrilleros o bacrim. Hay que reflexionar y no creer que esos pomposos y teatrales títulos vayan a suplir la mediocridad de profesionales y gobernantes legitimando el poder a la incultura y justificando el puesto por haber ganado en “meritocracia”.

@SuarezAlfonso

Sí, no o abstenerse

Por Germán Ayala Osorio

En breve el país entrará en una nueva etapa de la ya sempiterna polarización política e ideológica que vive entre Paz y Guerra. Y esa etapa o momento está asociado al proceso de refrendación de lo acordado en La Habana entre los negociadores de las Farc y del Gobierno de Santos.

Si, No o abstenerse son las tres opciones sobre las cuales girará la polarización política con la que deviene desde ya la convocatoria al plebiscito por la paz. Quienes votaremos por el SI, estamos convencidos de las bondades que traerá ponerle fin al conflicto armado interno, sin olvidar que lo más difícil y complejo vendrá con la implementación y el respeto por lo acordado. La consecución de la paz, como fin último, sabemos que demandará grandes sacrificios y transformaciones que muchos sectores de poder no están dispuestos a hacer y a permitir.

Un triunfo del SÍ le dará una “legitimidad extra” al Proceso de Paz  y abonará el camino electoral de los aspirantes presidenciales (para el 2018) que decidan respaldar los acuerdos y comprometerse con respetarlos. Mayor será el sentido de dicha legitimidad si el triunfo del SÍ resulta contundente, a pesar de las condiciones mínimas que ofrece el umbral[1].

Ahora bien, la contundencia del SI no puede venir exclusivamente de los votos a favor de la firma del conflicto armado. Debe sumarse a esta tendencia el decidido apoyo de  aquellos colombianos que si bien se abstendrán de votar el plebiscito[2], están claros que en el escenario electoral de 2018 respaldarán al candidato presidencial que abiertamente apoye lo acordado en La Habana.

Puede darse esa situación, en especial en aquellos votantes que suelen dejarse llevar por encuestas y tendencias previas a los eventos electorales. O simplemente, aquellos que al momento de votar el plebiscito tengan dudas sobre el sentido de lo acordado entre Farc y el Gobierno de Santos.  De allí que el Gobierno esté en mora en liderar una campaña publicitaria que busque “desmontar” todos esos fantasmas y miedos que sectores de derecha y la ultraderecha se han encargado de generar y difundir en torno a los acuerdos de paz, con el concurso de medios como el noticiero Noticias RCN.

La campaña publicitaria por el SÍ debe tener como objetivo estratégico desmontar los miedos que el Centro Democrático, Acore, el Procurador Ordóñez y Fedegan, entre otros, se han encargado de crear en una opinión pública fácilmente manipulable y manipulada, gracias a la baja capacidad de discernimiento y análisis de cientos de miles de colombianos que hacen parte de las audiencias urbanas que creen en lo que dicen RCN, La W y los informativos de Cable Noticias, entre otros.

Por el contrario, una victoria del NO, igualmente contundente, restará algo de  legitimidad al Proceso de Paz, y ese hecho político podría beneficiar a los precandidatos y candidatos a la Presidencia que en el 2018 se presenten con la clara intención de desconocer los Acuerdos o de intentar torpedear su implementación, a pesar del blindaje jurídico-político de los mismos.

Podrá darse, en ese escenario de derrota del proceso refrendatorio, que figuras como Vargas Lleras, que vienen guardando hermético y sospechoso silencio en torno a los diálogos de La Habana, aprovechen la coyuntura electoral de 2018 para develarse y recoger las dudas, molestias, reparos y miedos de esos sectores de poder económico, político, social y militar que no acompañan el Proceso de Paz.

Ante un eventual triunfo del NO, Vargas Lleras muy seguramente buscará acercamientos[3] con Uribe Vélez y otros sectores de Derecha y de la ultraderecha. Convertido e investido como el candidato presidencial que “evitará la entrega del Estado al terrorismo”, el país entrará en un mayor escenario de polarización política, gracias  a  que una porción del pueblo colombiano, en las urnas, negó la posibilidad de ponerle fin a una guerra degradada de más de 50 años.

Resultaría sorprendente e incomprensible para los sectores de poder externo que siguen y apoyan los diálogos de paz de La Habana, que un puñado importante de electores digan NO a la refrendación de los acuerdos de paz. Pero esa situación se puede dar y por ello debemos estar atentos a que los altos niveles de polarización nos lleven a desconocer esa negativa decisión electoral.

Mientras inician las campañas por el SI, el NO o la abstención, Vargas Lleras seguirá consolidando su poder regional y alimentando su aspiración de convertirse en el salvador de Colombia, esta vez ya no por cuenta de una amenaza terrorista, sino por cuenta de un Presidente que le “entregó el país al terrorismo”.

Investido como el segundo Mesías, Germán Vargas Lleras[4] será el artífice de que Colombia se acerque a vivir débiles escenarios de posacuerdo y posconflicto, en la medida en que sus acciones y decisiones políticas estarían encaminadas a dilatar en el tiempo las transformaciones sociales, económicas, culturales e institucionales que se requieren para consolidar la paz y la reconciliación entre los colombianos.

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[1] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2015/11/las-consecuencias-de-votar-por-el-si-o.html

[2] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2014/06/15-de-junio-el-primer-plebiscito-para.html

[3] Véase: http://www.elespectador.com/opinion/vargas-lleras-presidente-dios-nos-coja-confesados

[4] Véase: http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/1242-la-santisima-trinidad-uribe-santos-vargas-lleras.html

La ciudad ‘Fariana’

Por: Alfonso Suarez Arias

“Con el dinero se puede fundar una casa espléndida, pero no una familia dichosa.”

Considerando que la firma del acuerdo para dar por terminado el conflicto armado es un hecho que criaría la quimera de crear un ambiente de paz bajo condiciones pre-establecidas, y lográndose tal efecto con la aquiescencia de raudales de dinero puestos en el proceso, salidos del patrimonio colombiano, pero calculados mínimos egresos, teniendo en cuenta lo que falta y que se gastará para ambientar épicamente la construcción del escenario pacificado, solo queda por instigar no por irónica propuesta sino en un acto de gallarda aceptación de pasmosa realidad, la fundación dentro del territorio nacional de ‘Ciudad Fariana’.

Sería una ciudad, urbanizada y edificada según especificaciones de un ordenado plan de habitabilidad, en un espacio geográfico donde sea relevante el medio ambiente interactuando con la civilización, cerca de ríos, tierras productivas, aceptable clima. Un lugar entre los llanos y la selva colombiana, nada difícil de elegir por sus fundadores.

Más que un sitio de concentración, florecería una ciudadela para las huestes farianas y aquellos autores de terror que anhelan el relativo sosiego fantaseado por su propia angustia, una ciudad contenida en el concepto de entidad territorial descentralizada administrativa, política y económicamente, aprovechando que sus habitantes son dueños de una riqueza inmensa que allí podrían legitimar, con autonomía dentro del respeto al ordenamiento estatal y a la vez con cierta distancia de la sociedad mayoritaria que impera en Colombia.

Así los guerrilleros irían amoldando sus vulgares costumbres y gradualmente compartirían con la comunidad más avanzada y culta, desarrollando actividades legales para que pierdan esa habitualidad de agredir, extorsionar o secuestrar, así refrendarían el concepto de ser más simpáticos de lo que encubren.Esa ciudad no estaría aislada sino protegida hacia su interior y controlada hacia el exterior por mutua seguridad y cierto recelo compartido, allí podrían desarrollar el intercambio industrial, comercial, cultural y turístico con el compatriota indulgente.

No es fantasioso lo expuesto, pero sí, se avizora una realidad pasmosa en el asentamiento de grupúsculos esparcidos por la geografía, bajo el esquema de zonas de reserva campesina, que inmiscuidos desordenada y autoritariamente entrarán en conflicto con el auténtico colectivo agrario, trabajador y productivo.

A Colombia más que el orden jurídico debe importarle la realidad social del orden, para equilibrar con la amenaza de someter a una gran nación a la voluntad perversa de unos pocos avaros de riqueza personal y poder, interesados en subyugar la soberanía a ignominiosos regímenes políticos.

Solo pensando en grande se puede proyectar otro porvenir.

El lucrativo negocio de la paz

Por: Alfonso Suarez Arias*

Es necesario que el ciudadano de a pie trate de entender de una manera simplista la complejidad del llamado “proceso de negociación de paz”, que realmente se trata de un “acuerdo para dar por terminado un conflicto parido en mala forma por un grupo armado al margen de la ley”, y más aun; dejar muy claro que es la imposición de condiciones y exigencias y no la ”negociación”, puesto que solo el componente violento notifica y demanda, mientras los soterrados representantes del gobierno se han limitado a aceptar y asentir en todo.

Cómo es posible que después de más de tres años especulando posibles epílogos que pudieran dar término a tal sainete, se emitan definiciones y conclusiones copiadas del ámbito constitucional como producto de  concienzuda reflexión…(?). Los farianos hacen saber a la ciudadanía que “los acuerdos que se construyen en La Habana tienen el propósito de promover, proteger y garantizar los derechos de todos los colombianos, en particular los de las víctimas”, un regalo de ellos y no la obligación del Estado.

Y en un mediático y magnánimo acto, los narcoguerrilleros elaboran el “Acuerdo sobre las víctimas del conflicto”, un documento de digno encomio por la capacidad burlesca y satírica de los señores de las Farc  y sus redactores, en el que plasman subjetivamente el concepto de víctima y declaran victimario al Estado y sus agentes, es decir las víctimas son los guerrilleros y los victimarios militares y policías sacrificados y defensores del honor de la patria, aparte de considerar a los civiles, coadyuvantes de los victimarios.

Con esa condición aceptada y cumplida, la Nación debe indemnizar a las “victimas” y garantizar la no repetición de tales sucesos mediante satisfacción de exigencias a los farianos, de lo contrario podrían ejercer con sus armas (disponibles en algún lugar, porque no las entregarán), ataques repetitivos a civiles e instituciones en calidad de mártires obligados a cometer delitos (no punibles para ellos) conexos del conflicto político, en otra maniobra que ha dado por cambiar el sentido y conceptualización de la justicia.

Así se refrenda el concepto de justicia transicional, cuya interpretación y construcción jurídica es todo un legado exegético explicativo del derecho, pero que aquí simplemente es la justicia especial para dar legalidad a los actos crueles e inhumanos que cometieron los guerrilleros y quedarán cobijados  por  la impunidad y la parafernalia de una sanción social que en nada reivindicaría el daño efectivo causado por sus delitos.

Insertan en el ordenamiento la figura de un Tribunal especial colegiado por magistrados colombianos y extranjeros, para juzgar, revisar, exonerar o castigar a responsables o indiciados de graves delitos durante el conflicto armado, seguramente señalados por los mismos guerrilleros en su afán de mantener vigente la calidad de negociadores activos de una confrontación delincuente-sociedad que está muy lejos de finalizar, al contrario tendiendo a eternizarse bajo esa subliminal consideración de extorsión social generalizada, apoyada por armas que mantendrán disponibles y porque al fin y al cabo , una de las mejores oportunidades de lucro e indemnidad está en invocar la paz como elemento negociable.

Lógicamente se requiere mucho dinero para financiar tal negociación que deberá asumir el Estado, pues los señores de la contraparte hacen saber ahora que no están en condiciones de aportar económicamente, dada la precariedad monetaria y acercamiento a la pobreza en la que se desenvuelven muy a pesar de controlar el narcotráfico y negocios vinculados y ser el cuarto grupo terrorista más rico del mundo, por lo que indemnizar victimas de su parte no será posible además que son ellos las victimas y correspondería a los colombianos asumir tal obligación si quieren vislumbrar la fantasmagórica entelequia de la paz.

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* alfonsosuarezarias@gmail.com. Twitter: @SUAREZALFONSO