Petición: Alternativas a la prisión por delitos de drogas en América Central

Es momento de implementar reformas en los sistemas penales de América Latina y el Caribe que protejan los derechos humanos para la atención de dinámicas asociadas a las sustancias psicoactivas dentro de las comunidades, antes que la prisión. Es de resaltar que el derecho penal es la forma más grave de reacción del Estado y debe ser la última herramientas para abordar los problemas sociales.

Según Penal Reform International cerca de 11.000.000 de personas se encuentran a nivel mundial. Las comunidades vulnerables se ven desproporcionadamente afectadas por las políticas de drogas que priorizan la prohibición y el encarcelamiento. De los delitos que llevan a las personas a las cárceles, solo el 7% son homicidios, mientras que los incidentes relacionados con las drogas corresponden al 20%.

Estas reformas deberán centrar la protección de los Derechos Humanos, el desarrollo humano y la evidencia, desde la participación activa de la población civil. Además, de reducir los impactos negativos del encarcelamiento, incluir enfoques de salud pública, racionalizar el uso del derecho penal y priorizar los reducidos recursos en contra del crimen organizado.
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